En una de las votaciones por el proyecto minero portuario Dominga, el intendente de la época dijo literalmente que “no es suficiente con la ley, por lo que debemos elevar la exigencia ambiental…” Un hermoso deseo y probablemente con justa razón, pero que ubica a un simple intendente como un supralegislador, omnipotente y evidentemente inconstitucional.
Y es que muchas veces se tiende a confundir el deseo personal, las justas reivindicaciones sociales o ambientales, ese supuesto “deber ser” con lo que realmente está permitido según el acuerdo social que nos otorga el ordenamiento jurídico.
Las leyes son las reglas que nos hemos autoimpuesto como sociedad y es gracias a ese intrincado mecanismo que incluye sistemas de elecciones y representación parlamentaria, iniciativas de ley, urgencia, procesos complejos con audiencia de especialistas y organizaciones sociales en el parlamento, es que llegamos al marco jurídico que -entre otras cosas- nos otorga certeza jurídica para que podamos avanzar sin temor a que cambien las condiciones en el camino.
Y es que, así como ese intendente tuvo la buena intención de mejorar el estándar, podría existir otro que por su solo deseo humano quisiera reducir la exigencia y aquello sería igual de ilegal e injusto.
En fin, el actual proceso de aprobación o rechazo del proyecto minero portuario Dominga, ha llevado el sistema de evaluación ambiental hasta extremos francamente exagerados, que carecen de toda lógica ya que se trata de un verdadero “loop” jurídico, un buclé. En el camino, han quedado en evidencia todas esas instancias en que se priorizan las visiones políticas por sobre las técnicas y se están generando tensiones que necesariamente deberían derivar en una revisión del sistema.
Es indispensable que entendamos que la generación de cambio, permanente y estructurado, se produce mediante el proceso de legislación y debate parlamentario. Con esto no desestimamos el innegable aporte de los grupos de presión y de especialistas sectoriales, pero el acuerdo social nos obliga a tomar acuerdos y a respetarlos, a asumir el poder de la ley como texto regulador de las condiciones en que nos podemos desenvolver. Ya que en el momento en que predomina sólo el deseo o las intenciones de ciertos grupos, estamos al borde de problemas insospechados que pueden volverse en nuestra propia contra.
Los grupos de presión están para que finalmente el ordenamiento jurídico se vaya ajustando a la evolución social, pero no para impedir que la ley se aplique tal como ha sido acordada en el Estado de Chile.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
