El director (S) Regional del servicio, Óscar Robledo, decretó la medida por eventuales cargas ambientales en las comunidades cercanas al área de emplazamiento. Decisión, se fundó en solicitudes del sindicato de Pescadores y buzos de la Caleta San Pedro, la organización ambientalista REDAVES, 37 personas naturales, entre otras. La empresa justifica las obras por eventuales desastres naturales en las viviendas ante crecidas del Río Elqui.
El Director (S) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Coquimbo ordenó realizar una instancia de Participación Ciudadana a la Inmobiliaria Noval S.A., titular del proyecto “Defensas Fluviales Río Elqui, Sector Ruta 5 Desembocadura”, que considera una inversión de US$1,3 millones.
La iniciativa contempla la construcción de un pretil de protección en un tramo de la ribera sur del río Elqui considerando obras en una longitud de 570 metros aguas abajo, desde el nuevo puente en la principal arteria del país, y colindantes a terrenos pertenecientes a la empresa, donde actualmente se encuentran ejecutadas zonas residenciales.
Según Noval S.A., la obra proyectada cuenta con aprobación de la Dirección General de Aguas (DGA), en la cual se indica la conformidad técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), ambas instituciones dependientes del Ministerio de Obras Públicas. “Al respecto es importante mencionar que este constituyó un requisito, según lo indicado en el Plan Regulador Comunal Vigente para la construcción de las viviendas ejecutadas por el titular al sur de la obra proyectada, para evitar desastres naturales provocados por el desborde del río Elqui”, agregó la empresa, representada legalmente por Ricardo Moisan y Cristóbal Subercaseaux.
Sin embargo, el pasado 25 de septiembre, la autoridad ambiental exigió la concreción de la instancia ciudadana, en un plazo de 20 días, pues “a nuestro juicio genera cargas ambientales en las comunidades próximas”. Asimismo, Robledo fundó su decisión por peticiones esgrimidas por la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la Caleta San Pedro.
Al respecto, el presidente de la agrupación de trabajadores de mar, Franklin Zepeda, indicó que las defensas fluviales producirán afectaciones en la cuenca, por extracción de rocas en sectores afluentes y alteraciones en los cauces del río Elqui, “lo que llevará al arrastre de materiales hasta la bahía de Coquimbo, provocando embancamientos de áreas de manejo y modificaciones en las componentes físico-químico del agua y suelo marino, lo que generaría impactos invaluables en la biodiversidad marina, en especial para los bancos de machas”.
Otras organizaciones que han presentado reparos y concluyeron que la ejecución del proyecto podría presentar afectaciones son la Red de Observación y Protección de las Aves Silvestres (REDAVES), Rodrigo Condemarín; la Agrupación Ambiental Manto Dunar de Caleta San Pedro, representada por Waldo Ode y 37 personas naturales.
La controversia y la medida decretada por la autoridad ambiental se da en medio de la espera de lo que determine el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) por las seis reclamaciones contra el Ministerio del Medio Ambiente, interpuestas por algunas inmobiliarias (Habita y La Cruz del Molino), una empresa consultora (Gestión de Desarrollo S.A.) y algunos particulares contra la declaratorio de Humedal Urbano en la Desembocadura del Río Elqui, demandas que están a la espera de las sentencias respectivas -hace más de un año- que deberá redactar la presidenta del 1TA, Sandra Álvarez.
Cabe recordar, igualmente, que dicha zona de protección se decretó luego de las protestas y la movilización por las obras civiles que había iniciado hace algunos años la Inmobiliaria ISiete por su proyecto “Ipanema”, cuyo fin era levantar dos torres, de 15 pisos, con cerca de 300 departamentos en áreas aledañas al lugar.
