Son 23 profesionales de la firma consultora que se encuentran en un escenario complejo. Sostienen que desde Zañartu no se les ha dado respuesta, pero cuestionan que la cartera pública tampoco interceda, pese a que conocía los antecedentes. Solicitan mayor apoyo de las autoridades sectoriales, con quienes incluso se reunieron, mientras aún les programan labores con sueldos impagos.
En un complejo escenario están 23 trabajadores y profesionales de la empresa Zañartu Ingenieros Consultores. La firma presta asesoría a la Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, en el contrato de concesión del detenido proyecto para construir el nuevo hospital de La Serena.
Son dos meses impagos, pero los problemas salariales se arrastrarían hace más de un año. Las dificultades comenzaron el mismo mes que la iniciativa hospitalaria sufrió su paralización por las diferencias de metraje, a la espera del acuerdo financiero con la empresa Acciona, controlador de la Sociedad Concesionaria Hospital de La Serena S.A., para retomar la obra.
“A la fecha llevamos más de dos meses sin pago y más de un año con retrasos. Son 23 profesionales en esta asesoría. Estamos en una incertidumbre, no sabemos si nos van a pagar o no. A la fecha, entendemos que Zañartu es una empresa que está quebrada, que ha maltratado a sus ex funcionarios, con contratos que hace más de un año no se les ha pagado sus finiquitos”, sostiene el ingeniero Civil Industrial, Haroldo Vivallo.
En ese sentido, piden mayor intervención del Ministerio de Obras Públicas, dada la nula respuesta -acusan- inclusos de otros organismos con competencia laboral, como la Dirección del Trabajo.
Cabe recordar que Zañartu se adjudicó esas labores con el MOP, a través de un contrato de 5 mil millones de pesos para supervisar, elaborar informes, asesorías, planillas de avance, entre otras, en el truncado nuevo recinto de salud. Incluso, se prevé que haya declarado su insolvencia, primer paso para iniciar el proceso de quiebra, justamente tras no haber pagado los salarios a sus trabajadores los meses de marzo y abril.
“Es una burla”
Geraldine Johns es arquitecta. Declara que semana pasada tuvo una reunión con el seremi de Obras Públicas, Javier Sandoval, un abogado y un representante de la Dirección General de Concesiones. “Les hicimos nuestras descargas. El tema de los sueldos y no pago. De los 42 contratos a lo largo de Chile que tiene Zañartu, hay 18 con problemas”, mantiene.
Parte de la rabia, se explica no solo porque Zañartu les sigue instruyendo que trabajen, que vayan a la oficina y la imposibilidad de hacer teletrabajo, pero también por la inacción de la cartera pública en interceder. “Me gustaría enfocarme en la inoperancia de las autoridades, porque se sabe que Zañartu no puede solucionarlo, no justifica. No entendemos porque Zañartu no salió de este proyecto, porque se viene observando hace bastante tiempo. No les cursan multa. A nosotros se nos exige profesión, años de experiencia, varios títulos”, lamenta.
Para colmo, el inspector fiscal (Juan Andrés Vásquez,) les calendarizó labores y actividades durante todo este mes: “nos manda programaciones para trabajar. Nos dice que estamos inoperativos, pero estamos en un momento de urgencia con nuestras familias, estados psicoemocionales, debemos arriendos, los cheques nos rebotan”, dicen.
En ese sentido, el geógrafo Anduval Cortés, coincide que “esta es una situación que empezó el año pasado”. Y agregó: “el Ministerio de Obras Públicas tenías varias causales para rescindir del contrato con Zañartu. Teniendo todos esos antecedentes, no entendemos cómo no sacaron a esta empresa, es una burla”.
El contrato entre Zañartu y el MOP tenía por un periodo de 56 meses. Sin embargo, la empresa ha enfrentado dificultades financieras, acumulando retrasos en el pago de salarios durante los últimos 15 meses, agravó su situación recientemente, cuando dejó de pagar por completo los salarios de marzo y abril, junto con las correspondientes imposiciones. Tras acumular aproximadamente 140 millones de pesos de deuda con sus trabajadores, desde el MOP, se habrían iniciado acciones para abordar el problema. El inspector fiscal solicitó un listado con la deuda de cada trabajador y sus cuentas bancarias, con la intención de gestionar un posible pago directo. Aunque esta medida parece ser una solución, aún no hay nada concreto.
