De acuerdo al abogado Jorge Valladares, dichas instituciones, a las que se sumaron Sernapesca y Subpesca, alertaron varios reparos respecto a la adecuada participación ciudadana y socialización del proceso, además de la imposibilidad de fiscalización en el vasto territorio contemplado y la afectación a los derechos de pesca de los trabajadores de mar, entre otras falencias.
Un escrito de 17 páginas, elaborado por el abogado Jorge Valladares en representación de pescadores y organizaciones de las caletas de Totoralillo Norte, Chungungo y Caleta Los Hornos, todas alojadas en la comuna de La Higuera, busca el pronunciamiento del contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para declarar la ilegalidad en la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) de Atacama y Coquimbo, la primera birregional del país.
Acusan principalmente desprolijidades y omisión de antecedentes al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al adoptar el acuerdo Nº 22/2023, del 11 de agosto, que ajustó y elevó la zona de protección de casi 222 mil hectáreas (ha) a más de 574 mil ha, desde las costas de la comuna de Freirina, en la región de Atacama, a La Serena, en la región de Coquimbo.
Según el abogado Valladares el procedimiento de esta AMCPMU es completamente ilegal y se ha tramitado “a la carrera, con total desprolijidad”. “Esta iniciativa fue aprobada por el Comité de Ministros el 11 de agosto pasado, pero aún no ha sido tramitada por la Contraloría, por lo cual aún no está vigente”, agregó.
Asimismo, indicó que “teniendo en cuenta lo anterior, el decreto de la AMCPMU debe necesariamente acogerse a la normativa actual en esta materia, que es la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, la cual entró a regir el 6 de septiembre. La Ley 21.600 establece una serie de procedimientos, en particular escuchar a los potenciales afectados, cuestión ausente en la tramitación de esta AMCPMU pues no ocurrió, lo que está completamente acreditado”.
Sin embargo, justificó la presentación por la omisión de información y antecedentes de organismos públicos que presentaron cuestionamientos a la medida, como la Armada, Sernapesca y Subpesca. Otras instancias que también expresaron reparos fueron CEAZA y la Universidad Católica del Norte. Y si bien todas tienen argumentos dentro del ámbito de su especificidad, coinciden en la falta de participación ciudadana en el proceso de elaboración, la imposibilidad de fiscalización a la vasta zona protegida y afectación a los derechos de pesca, entre otros.
La Armada
El oficio de la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, a través del escrito Nº 12600/1623, del Jefe del Estado Mayor General de la Armada, del 06 de julio del 2023, indicó que existen otorgamientos sectoriales que “entregan derechos a distintos titulares, particulares y agrupaciones sociales que generan un impacto o afectación ya sea de cuotas pesqueras, planes de manejo en la administración de recursos bentónicos, incluso el desarrollo de infraestructura para la pesca artesanal, caleta de pescadores, entre otras.
“El AMCP no ha sido estructurada a través de una consulta ciudadana, y podría existir una falta de participación de organismos públicos, privados y sociales”, indicó. En ese sentido, consideró que en estas zonas no se puede efectuar ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio.
De acuerdo a la institución, la delimitación espacial hace difícil fiscalizar eficazmente, y limita el desarrollo pesquero y portuario necesario para el crecimiento local, regional y nacional, “las que podrían verse afectada con esta AMCP”.
Subpesca y Sernapesca
El oficio Nº 0650 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, enviado a la ministra Rojas, planteó que el informe técnico del AMCP debía no solo incorporar a la pesca extractiva, sino las especies que constituyen recursos pesqueros quedar “excluidas de las listas de consideración”. Además, pidió mayor socialización de la medida en la región. Y mediante un oficio ordinario, el 02 de mayo del 2023, Sernapesca alertó la sobreposición de caletas pesqueras, Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs) y concesiones de acuicultura con la propuesta del AMCPMU.
UCN
La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte (UCN), a través de la Decana Niris Cortés, dio cuenta de una serie de deficiencias en lo que se refiere a la falta de consulta formal a organismos de pesca de ambas regiones, a comunidades del pueblo chango, incluso a algunas ONGs, pese a que estuvieron en los talleres de socialización. En dicha línea, critica que no hubo presentación a la Mesa Birregional liderada por los Gobiernos Regionales de Atacama y Coquimbo. También, mencionó que hubo falta de información a los actores locales, como los pescadores artesanales.
CEAZA
Finalmente, la carta Nº 702023, del 27 de abril, emanada por el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) del Medio Ambiente en Coquimbo, acotó que si bien apoya la creación del AMCPMU, advirtió que es “casi imposible” la fiscalización por parte de la autoridad marítima.
Y al igual que las quejas anteriores, indicó que es importante fortalecer la participación ciudadana y de autoridades, a través de una consulta formal a organizaciones de pesca de ambas regiones, a las comunidades del pueblo chango y a la Mesa Birregional.
