Líder gremial considera que el perjuicio incluiría a terrenos donde se contempla la construcción de viviendas considerados en el Plan de Emergencia Habitacional, iniciativa presidencial que busca reducir el déficit habitacional.
“El trazado de esta circunvalación, en La Serena, tal como se plantea, cruza por un gran polo de desarrollo que fue aprobado por el Plan Regulador de esta comuna, por lo que afectaría al menos 100 hectáreas, impactando a más de 10 mil nuevas viviendas, en terrenos destinadas en gran parte a viviendas del Plan de Emergencia Habitacional”.
La dura frase fue esgrimida por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sede La Serena, Felipe Páez, quien consideró la alternativa proyectada por las autoridades para reemplazar la modernización del actual trazado de la Ruta 5 entre La Serena y Coquimbo, incluido en el proyecto la concesión adjudicada a la empresa Sacyr, no solo perjudica el dinamismo del sector privado, sino que la construcción de viviendas en el Plan de Emergencia Habitacional, iniciativa presidencial que busca reducir el enorme déficit habitacional.
Cabe recordar que el gremio local indicó que se viene alertando una disminución significativa de nuevas inversiones para materializar proyectos inmobiliarios. El sector de San Ramón, en La Serena, sería el más perjudicado por la medida.
“Lo cierto es que si se aprueba, no vemos un futuro auspicioso en términos de mayor dinamismo en el mercado inmobiliario, lo que finalmente va en desmedro de nuestros habitantes, afectando fuertemente al empleo y al aumento del trabajo informal. Nuestro foco como gremio es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, de allí nuestra preocupación respecto a tomar buenas decisiones por el bien de todos”, recalcó Páez.
Agregó que se hará entrega, oportunamente, de las observaciones del gremio a este trazado, una vez que sea oficialmente publicado. En ese sentido, de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, la decisión definitiva de contemplar un bypass se tomará a mediados del próximo año y será adoptada por el propio presidente de la República, Gabriel Boric y la ministra Jessica López.
