Encabezadas por el presidente de la Sociedad Nacional de Pescad (Sonapesca), Osciel Velásquez, e histórico dirigente de la pesca artesanal de la ciudad-puerto, Pascual Aguilera, se reunieron con sindicatos de la comuna de La Higuera para analizar un nuevo recurso de protección contra el Ministerio del Medio Ambiente. Además, coinciden que el seremi del ramo, Leonardo Gros, debe dar un paso al costado.
“Lo primero es poner un recurso de protección contra el área marina protegida y también, es de sentido común, pedir que el seremi del Medio Ambiente (Leonardo Gros) tiene que renunciar. Él invisibilizó a un sector importante de la economía de la región como es la pesca”.
Son las palabras de Pascual Aguilera, presidente de la Federación de Trabajadores del Mar (Fetramar) Elqui, quien anunció dos medidas inmediatas adoptadas por los pescadores artesanales e industriales de Coquimbo -incluye localidades de Tongoy y Guanaqueros- para cuestionar la implementación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Atacama Coquimbo. Los argumentos que dicen pesar en la decisión son varias: falta de participación ciudadana, no ser consultados, y afectación de sus actividades y recolección de productos marinos.
Cataloga al AMCP-MU como una “pelea política” que el Ejecutivo y el Ministerio del Medio Ambiente realizó para frenar proyectos en La Higuera. “Qué culpa tenemos. Desarrollamos una actividad en el mar y ellos por querer evitar a una empresa minera o cualquier otra inversión, nos hacen pagar las consecuencias”, dijo.
Aguilera y otras agrupaciones de la ciudad puerto, incluso de la Caleta San Pedro de La Serena, sostuvieron una reunión con trabajadores de mar de La Higuera, tales como los sindicatos de Pescadores de Totoralillo Norte, la Asociación de Trabajadores del Mar Panamericana Norte de Caleta Hornos; el Sindicato N° 1 de Buzos y Pescadores Artesanales (Caleta Hornos); y el sindicato de Buzos, Ayudantes, Pescadores y Recolectores de la Caleta Chungungo (Chungungo), las que representan sobre el 60% de los recursos humanos de la pesca artesanal de La Higuera.
En la cita, realizada en el corazón de la Facultad de Ciencias del Mar de la UCN, Aguilera denunció que Gros les pidió “apoyo” no solo por el área protegida, sino por estar querellado por Andes Iron, titular del proyecto Dominga. “Nunca fuimos convocados, éramos invisibles para la autoridad. En la primera reunión que tuvimos, mientras nos explicaba de qué se trataba esto, nos pidió que, por favor, nos hiciéramos parte, que lo apoyáramos porque tiene una querella de Dominga, y ¿qué tenemos que ver nosotros con eso?”, precisó.
INDUSTRIALES
Los dardos contra la autoridad regional también provienen de Osciel Velásquez, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca y de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de Coquimbo, quien planteó que el área marina es una “amenaza” a todo el sector, ya sea a escala industrial y artesanal. “Estamos hablando de una zona de resguardo que excede las 27 millas, y nosotros entre las 9 y 12 millas tenemos caladeros importantes de camarones y langostinos. Nos llama profundamente la atención que nuestras autoridades no nos hayan considerado. Nos sentimos casi engañados (…) Estamos pidiendo de frentón la salida del seremi”, aludió.
Velásquez argumenta que el sector industrial que representa está la vanguardia economía circular, reconocida y líder en prácticas de sustentabilidad, que ha involucrado cambiar artes de pesca, distintas certificaciones y control de las biomasas productivas, incluso con respaldo de investigadores y científicos.
“Las autoridades ambientales no nos conocen. No podemos estar haciendo áreas marinas de papel que el Estado, ni nadie, son capaces de resguardar y fiscalizar”, agregó.
LA HIGUERA
Marcelo Castillo, abogado de los pescadores de La Higuera, mencionó que “el interés es oponerse legalmente y aunar los esfuerzos de todo el sector pesquero de esta decisión que nos parece ilegal y errada”. Explicó que existe incluso un oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en la cual señala la falta participación de organizaciones sociales y otros incumbentes como otros pescadores industriales.
“Se produce una sorpresa cuando se anuncia públicamente, desde otros sectores, que son incumbentes también y de los cuales no se les pidió la opinión, ni tampoco se invitó a participar”, sentenció.
